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Para tener en cuenta.

De nuevo asistimos a un grave problema social, ocultado por los grandes medios de (in) comunicación debajo del manto de un falso enfrentamiento. Esta vez ‘Mauricio vs Cristina’ es la fachada de la carencia dramática de vivienda para los sectores populares y de la falta de preocupación de los gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires por resolverlo.

La sociedad argentina sufre un déficit de alrededor de tres millones y medio de viviendas, lo que afecta al menos a quince millones de personas, lo cual significa una evidente violación a un derecho humano fundamental, que está incluido en la Declaración Universal de los DDHH (art. 25) y en los derechos que reconoce nuestra constitución para toda la población (art. 14 bis in fine).

En nuestro país existe una marcada y cada vez mayor desigualdad distributiva, lo que también se refleja en el acceso a la vivienda. Un reducido sector de la población de muy altos ingresos puede acceder a viviendas de su propiedad (como inversión o para uso propio). Pero un sector mayoritario que no tiene ingresos ni para alimentarse, mucho menos puede comprarse una vivienda.

Una respuesta histórica que el Estado Nacional intentó dar frente a las necesidades de los sectores de menores ingresos (medios y bajos), fue la construcción de viviendas sociales, entre las que figura el Fondo Nacional de la Vivienda (creado por ley en el año 1972). Sin embargo, en los últimos diez años ha venido disminuyendo el monto que las provincias reciben de la Nación por ese concepto, a pesar de que existía una garantía del Estado Central desde el año 1995 de remitirles un mínimo anual de novecientos millones de pesos (equivalentes a dólares en ese momento), cifra que hasta el año 2007 nunca se cumplió.

La fuerte caída de los fondos del FONAVI a las provincias explica la reducción de la cantidad de viviendas terminadas con tales recursos en todo el país. Hacia finales de la década del ’90, se llegaron a terminar casi 50 mil viviendas por año, lo cual estaba muy alejado del déficit habitacional existente, y muy por debajo aún del incremento anual del mismo. Pero lo más grave de todo es que esa cifra disminuyó drásticamente, para caer casi al 20 % en el año 2007, cuando se terminaron menos de 12 mil viviendas, a pesar de la sostenida recuperación económica que se evidenció durante esos años.

Por otro lado, es de destacar que en los últimos 15 años asistimos a un fuerte proceso de pérdida de recursos que corresponden legítimamente a las provincias, a favor del gobierno nacional. Según la ley de coparticipación federal de impuestos vigente, las provincias deben recibir un 57 % del total, y la Nación un 43 %. En los últimos años, el gobierno nacional se apodera del 73 % de los fondos coparticipables, mientras el conjunto de las provincias argentinas sólo recibe el 27 % restante. Estas cifras se agravan si consideramos que los Estados provinciales tienen a su cargo la prestación de los servicios de educación, salud, justicia y seguridad.

¿Cómo puede explicarse que con un Estado que asigna más de 120 mil millones de pesos para pagar a la usura nacional e internacional los servicios de una deuda inexistente y fraudulenta, no haya recursos para viviendas para un tercio de los argentinos? ¿Cómo justificar que mientras se asignan más de 50 mil millones de pesos de subsidios para los grandes grupos empresariales, se siga agravando el alarmante déficit habitacional? ¿Cómo se puede entender que en un país que ha tenido uno de los períodos de mayor crecimiento sostenido de su PBI desde el año 2003, no pueda atender un derecho humano tan esencial para 15 millones de personas? ¿Cómo puede un Estado tener una masa fabulosa de ingresos fiscales, como nunca antes en la historia, y hacer muy poco para dar respuesta a la carencia de viviendas de los sectores populares?

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires administra uno de los distritos más ricos del país, con una masa de contribuyentes (personales y empresas) que poseen elevado poder adquisitivo, aunque ha incrementado sustancialmente los tributos desde que comenzó su gestión, ha hecho poco y nada por dar soluciones habitacionales a los sectores de menores recursos. Sólo se ocupa de garantizar la realización de rentables negocios para grandes empresarios y de mostrar una irresponsable permisividad en la construcción de mega-edificios a cargo de los grandes especuladores inmobiliarios. Lo hace con sub ejecución del presupuesto para viviendas populares, con falta de cumplimiento de las asignaciones presupuestarias para sectores carenciados, porque apuesta a la ‘limpieza social’ de la Ciudad.

Nos encontramos entonces con gobiernos supuestamente de distinto signo político, que con abundantes fondos disponibles demuestran una absoluta falta de preocupación por un grave problema que afecta a una amplia capa de la población. Es en este marco donde se produce el conflicto de la ocupación de un parque público de la Ciudad de Buenos Aires, por parte de familias que carecen de vivienda propia y buscan alguna solución para ese problema, lo que genera la reacción del gobierno de Macri que solicita a la justicia la desocupación del predio, postura con la que también coinciden los vecinos que habitan los barrios adyacentes.

Sobre este escenario se va a montar la farsa del enfrentamiento de ‘Mauricio vs Cristina’, con actitudes no sólo patéticas e irresponsables, sino abiertamente criminales, como las que pudimos observar en estos días.

Después de que la Policía Federal lleva adelante una dura represión contra los ocupantes del predio, el gobierno nacional retira toda presencia de fuerzas de seguridad del lugar con el argumento de que no puede descuidar la seguridad de otras zonas de la ciudad. Ante la inminencia de un enfrentamiento entre ocupantes del parque público y los vecinos de los barrios cercanos, se produce entonces la zona liberada y la tierra de nadie. Obviamente que lo hace apostando a un desgaste de su ocasional oponente, el gobierno de la Ciudad, tratando de descargar sobre éste la responsabilidad de la situación.

Por su parte, el gobierno de Macri, fiel representante de los intereses de los sectores económicos de más altos ingresos, acusa al gobierno nacional de ser el responsable de la pobreza y la falta de viviendas para millones de argentinos, a pesar de que el país ha crecido de manera inédita desde el año 2003, y a pesar de los ingentes recursos que maneja de manera arbitraria (justamente un integrante de uno de los grupos económicos que más se ha enriquecido con beneficios recibidos desde el Estado, y que menos preocupación ha demostrado por la situación social). A la vez, con un discurso fascista y xenófobo, deja entrever que habría delincuentes y narcotraficantes entre los ocupantes del parque, agitando consignas que en lugar de tranquilizar los ánimos llevaba a exacerbarlos.

No puede extrañar que haya sucedido lo que sucedió. Sí debe preocuparnos la coincidencia objetiva de ambos gobiernos, que supuestamente estaban enfrentados, al provocar con sus conductas el desencadenamiento de los sucesos aberrantes que ocurrieron la noche del viernes pasado (10 de diciembre). Luego, ante el peligro de un fuerte desgaste ante la opinión pública del país, que observaba atónita la pasividad irresponsable y criminal de ambos gobiernos, cambiaron la actitud, aunque intentando siempre sacar rédito político para la contienda electoral que se avecina en el próximo año. Macri apoyando y apoyándose en un sector de los vecinos de los barrios aledaños. El kirchnerismo potenciando las críticas a Macri y silenciando las responsabilidades del gobierno nacional, a través de punteros que actuaban entre los ocupantes del parque. Para el sábado ya se ha logrado, al menos transitoriamente, garantizar la integridad de los vecinos de ambos bandos, y por arte de magia aparecieron centenares de agentes para mantener la seguridad en la zona. Mientras tanto, sin soluciones de fondo y con el conflicto latente, ya murieron cuatro personas y quedaron numerosos heridos, tanto por la policía ‘nacional y popular’ como por los grupos armados privados de origen dudoso.

Basta de mentiras, basta de farsas

Los hechos lamentables que vivimos son elocuentes por sí mismos, y son un claro reflejo de la situación de carencia de viviendas que viven millones de familias argentinas, que se encuentran ante un panorama que es imposible que puedan solucionarlo con recursos propios, a quienes no les alcanzan sus ingresos siquiera para satisfacer necesidades más elementales como la alimentación.

También son un claro reflejo de la absoluta falta de respuesta del gobierno nacional, que en los últimos quince años ha agudizado los problemas habitacionales con políticas equivocadas que revelan no sólo incapacidad de gestión y carencia de proyección estratégica, sino más grave aún una falta de interés en solucionar los graves problemas de la gente, habiendo desperdiciado ocho años de extraordinaria bonanza económica. Y también evidencian la despreocupación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sólo piensa en promover rentables negocios para los grandes especuladores inmobiliarios.

Se requieren acciones urgentes y drásticas, que procuren un alivio en los más breves plazos para quienes se encuentran hoy viviendo en condiciones lamentables, de manera de destinar los recursos que sean necesarios para la construcción masiva de viviendas sociales. Pero esto demanda además una fuerte transformación de la política para ponerla al servicio del cambio social, porque los partidos que nos vienen gobernando sólo cumplen el modesto y repudiable rol de serviles a los más poderosos. Y por supuesto, necesita de una sociedad que comience a reaccionar con más participación, más debate, más unidad, más pluralidad, más compromiso, en el convencimiento de que nadie les (nos) regalará nada. El protagonismo es la mayor garantía de que la política responda a su verdadero sentido: servir a los intereses de los sectores mayoritarios, para lograr una sociedad más justa.

Luis Lafferriere, 12 de diciembre de 2010

(*) Director Proyecto de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” – Universidad Nacional de Entre Ríos

Por supuesto que paralelamente este foro queda abierto para la discusión, obviamente no van a estar todos de acuerdo…

Saludos.

La despenalización del aborto

En la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) se está discutiendo la despenalización del aborto. Otras Universidades Nacionales (como UBA, UNC, UNLP, UMDP, UNCo, UNQ…) ya han hecho pública su posición sobre el fundamento de que la violación de los Derechos Humanos no puede ser ignorada por instituciones que ejercen la crítica y el uso público de la razón.

Las Mujeres necesitan del apoyo de las Universidades públicas argentinas. En efecto, es necesario que se difundan autorizadamente los argumentos jurídicos, filosóficos y políticos que fundamentan por qué una mujer que aborta, lejos de ser criminal y delincuente, es una víctima de la ignorancia, de la pobreza, de la violación. Una mujer que aborta –que padece el aborto–, no es una delincuente, una criminal o una homicida, esto es un victimario, sino que es una auténtica víctima. En efecto, es víctima por haber padecido el trance traumático del aborto ilegal y clandestino (1); es víctima del padecimiento de una preñez involuntaria (2); es víctima del padecimiento de la socialización y la opresiva condición del género femenino, inveteradamente culpabilizada (3); finalmente, es víctima de las causas de la preñez involuntaria (4). El embarazo involuntario, del cual se la quiere responsabilizar penalmente y, por el contrario, la mujer es víctima, se explica no disparatadamente porque la vida es una creación o don de Dios, sino porque las mujeres han sido víctimas de la violación (violencia sexual); o víctimas de la miseria de los recursos materiales para adquirir anticonceptivos (pobreza); o, en fin, víctimas de la miseria cultural oriunda de la ausencia de una educación sexual claramente impartida con perspectiva de género (ignorancia). También, es necesaria la difusión acerca de la justicia y de la exigencia moral que significa reconocer a las mujeres lalibertad de disponer de su propio cuerpo, sin la tutela ni del Estado ni del clero ni de cualquier otra pretendida autoridad, que no sea la de su propia consciencia moral. Es necesario denunciar la discriminación y la hipocresía, que significa que la criminalización del aborto sólo transforma en víctimas del sistema penal, a las que ya son víctimas de la pobreza, porque las que se someten a los abortos clínicamente inseguros, son fundamentalmente las mujeres pobres. La realidad nos indica que los abortos se realizan en la clandestinidad, y que las mujeres trabajadoras y pobres, las que no pueden pagarse una clínica privada, son las que ponen en riesgo sus vidas.

En la Argentina cada año mueren más de 500 mujeres por abortos clandestinos y más de 600 mil mujeres son hospitalizadas anualmente por prácticas abortivas. Es alarmante que año tras año tres mil niñas de entre 10 y 14 años se conviertan en madres. Estas son las cifras escalofriantes producidas a causa de la clandestinidad del aborto, por la falta de educación sexual en las escuelas y de anticonceptivos gratuitos.

Desde la universidad sostenemos que esta es una ‘inseguridad’ de la que no se habla, otra forma de ejercer la violencia sobre el cuerpo y la psiquis de las mujeres, pero que podría evitarse con educación sexual laica y científica en todos los niveles de enseñanza y sin injerencia de la Iglesia; con anticonceptivos gratuitos en todos los hospitales y centros de salud; con servicios de aborto legal, seguro, libre y gratuito en todos los hospitales públicos; con atención integral a la mujer antes, durante y después del aborto, en las instituciones públicas.

Por esto consideramos de una hipocresía inaudita el discurso de los que dicen oponerse al aborto para ‘defender la vida’. Estos ocultan las vidas perdidas de cientos de mujeres cada año.

Diversos sujetos, agrupaciones y facultades que integran la UNER sostienen la voluntad política de incorporar a la agenda universitaria esta discusión de interés público. Ésta se evidencia, por ejemplo, en la concreción del foro del 8 de octubre de 2010 en la Facultad de Ciencias de la Educación, bajo la consignaMujeres, política y autonomía: la despenalización del aborto en la agenda pública, con participación de multitud de organizaciones del Movimiento de Emancipación de Mujeres congregadas en ocasión del XXV Encuentro Nacional de Mujeres.

Es preciso promover un amplio debate en todos los sectores de la sociedad, al cual la UNER debe contribuir con argumentos específicamente universitarios, es decir, aquellos que la Universidad puede y debe exponer: los fundamentos científicos de la Biología, de la Biopolítica, del Derecho Comparado, de la Filosofía del Derecho y de la Filosofía Política

Es de esperar que prontamente la UNER deje de ser cómplice con su silencio de la muerte de centenares de mujeres pobres a causa de los abortos clandestinos y sanitariamente inseguros y por el contrario exprese la necesidad de darle fin a la inmoralidad que representa la criminalización del aborto por parte de un Estado que –lejos de ser un Estado de Derecho–, prosigue siendo teocrático y patriarcal.

Por esta vía la institución universitaria puede transformarse en verdadera y auténtica defensora de la vida, tanto en el sentido biológico como en el sentido moral y ético. Reafirmemos nuestro compromiso –lejos del silencio cómplice– con la difusión y la educación inspirada en el justo mandato: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, libre y seguro para no morir.

Los abajo firmantes, integrantes de la comunidad universitaria de la UNER, solicitamos a la Universidad Nacional de Entre Ríos que mediante resolución de su Consejo Superior explicite su apoyo a la sanción de una ley nacional que despenalice el aborto y brinde atención integral a las mujeres.

La despenalización del aborto

Escribe Gustavo Lambruschini

Una mujer que aborta, merece de los otros sujetos morales misericordia y compasión (sympatheía) y no la persecución y la condena penales de ir a parar incluso a la cárcel. Cualquier mujer que ha abortado, sabe que ha caído involuntariamente en una angustiosa “situación límite” y que ha tenido que transitar contra sus deseos por una experiencia moral, psicológica y físicamente traumática. Por eso, como frente a todo sujeto que sufre y padece, se demanda de los otros sujetos apelados en su consciencia moral, la lástima y la conmiseración de las víctimas, y no la condena moral y jurídica de los victimarios. Esto debe resultar así, no sólo para la demanda de la experiencia subjetiva de las mujeres desesperadas que han abortado, sino también para la evaluación racional de un frío observador atento sólo a los imperativos racionales de la Ética (superiores a todo Derecho Positivo del Estado de facto). Sólo la deshonestidad intelectual y la impiedad moral pueden desconocer que el aborto es un penoso trance moral, que se padece involuntariamente.

Así pues, honestamente hay que interrogarse: ¿se debe llamar abusivamente voluntaria a esta acción como para que merezca el reproche moral y, aún más, la condena jurídica? Ante la noticia de una mujer que aborta, ¿es el deber moral de la Razón la delación y la denuncia, como si ésta fuese un criminal o un delincuente? Por último, frente a una mujer que desobedeciendo a la tiranía jurídica, ha decidido finalmente pasar por el trauma moral del aborto, ¿el deber ético para un sujeto que se reivindica autónomo y justo, exige la compasión, la contención y aun la ayuda y la colaboración, o bien, por el contrario, exige la delación? (Se parte del principio moral de que el soplón y el colaboracionista de la tiranía es política y moralmente repudiable).

Más allá de la pendiente discusión acerca de la inmoralidad de la institución empírica del Estado (scilicet, de facto)-, todo aquel que no sea un fascista o un ignorante sabe que el Derecho Penal es sólo la ultima ratio legis que posee una sociedad civilizada para resolver sus conflictos y patologías. Es sabido también, que las violencias oriundas del Derecho Penal no sólo son más bien indeseables (siempre sospechosas de venganza), sino generalmente ineficaces y tardías como prevención. Así pues, resulta poco menos que bárbara, la voluntad de resolver por la vía penal el hecho penoso de que en la (presunta) República Argentina centenares de miles de mujeres abortan, miles quedan por eso mutiladas y cientos mueren a causa de los abortos estatalmente ilegales (pero no ilegítimos). Resolver por vía penal el escándalo del aborto, no sólo es injusto ante las luces de la Razón, sino sobre todo ineficaz (aquí más que en otros casos la amenaza penal no es disuasiva).

Sin embargo, aun cuando es evidente que con el aborto nos hallamos ante un auténtico problema biopolítico (i. e., acerca de la ciudadanía de la mujer y no como se dice ridículamente “bioético”), el Estado putativamente de Derecho (de iure), pero teocrático y patriarcal de facto, pretende seguir resolviendo la cuestión por la vía coercitiva del Derecho Penal (ex post facto). Contradictoriamente, es evidente que la mujer que aborta -que padece el aborto-, no es una delincuente, una criminal o una homicida, i. e., un victimario, sino que es una auténtica víctima. En efecto, es víctima por haber padecido el trance traumático del aborto ilegal y clandestino (1); es víctima del padecimiento de una preñez involuntaria (2); es víctima del padecimiento de la socialización y la opresiva condición del género femenino, inveteradamente culpabilizada (3); finalmente, es víctima de las causas de la preñez involuntaria (4). El embarazo involuntario, del cual se la quiere responsabilizar penalmente y, por el contrario, la mujer es víctima, se explica no disparatadamente porque la vida es una creación o don de Dios, sino porque las mujeres han sido víctimas de la violación (violencia sexual); o víctimas de la miseria de los recursos materiales para adquirir anticonceptivos (pobreza); o, en fin, víctimas en el proceso ontogenético de la miseria cultural oriunda de la ausencia de una educación sexual claramente impartida con perspectiva de género (ignorancia). Es necesario distinguir tajantemente la maternidad y la paternidad que son decisiones morales de los ciudadanos y tienen a la libertad por causa (son deliberadas, voluntarias y conscientes), del hecho biológico de la gestación (ningún “milagro”), que es un movimiento corporal del ciego mecanismo zoológico que echa a andar causalmente la naturaleza corporal de los animales.

Sin embargo, la discusión de fondo está en la superación de las secuelas patológicas del Patriarcado que pervive en el Estado que pretende ser de Derecho (de iure). Como se sabe, bajo el Patriarcado, ni sus hijos ni su propio cuerpo son de la mujer[1], sino que éstos son del padre y luego del Estado (absolutista y paternalista). La liberación que acarrea la Revolución burguesa (todavía pendiente en el caso de las mujeres) comienza con el habeas corpus: la libertad del ciudadano comienza por el reconocimiento de que se es dueño autónomo del propio cuerpo, de sus capacidades y habilidades. La menguada ciudadanía de las mujeres, empero, todavía tiene pendientes el reconocimiento de la libertad y el principio fundante de la Revolución burguesa, a saber, la igualdad ante la ley.

Los que quieren perpetuar la criminalización del aborto (los sedicentes “provida”), argumentan que no es un abuso verbal ni una falsa categorización de ese fenómeno biológico y moral, hablar de “vida intrauterina” y llamar al feto, al embrión y aun al óvulo fecundado, “persona humana” y “sujeto de derecho”. Con este altamente dudoso modo de hablar y de categorizar, corren con la carga de la prueba, sobre todo, si se trata de plantear una antinomia de derechos con los de las mujeres, a las que sí hay que reconocerles la evidente libertad de la persona humana y el evidente derecho a la vida en el sentido de la vida ética (bíos). Ahora bien, si por un momento ilusorio supusiésemos que se hubiese demostrado la hipótesis de la supuesta “vida intrauterina” y de la supuesta “persona humana”, los sedicentes “provida” tendrían que exigir consecuentemente una revolución, no menor en la legislación penal del Estado, que en la milenaria tradición de la Iglesia. Por una parte, tendrían que exigir la equiparación del aborto con el homicidio doloso y, por otra, que a los óvulos fecundados, los embriones y los fetos se los bautizara con un nombre y se les diera cristiana sepultura en el camposanto.

Con respecto al homicidio doloso del compañero del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, hay que sorprenderse de la magnitud del cinismo nac&pop de los que fingen ignorancia (1), guardan un parcial silencio cómplice (2), y, en fin, tergiversan semióticamente la realidad (la referencialidad de los lenguajes también se somete a procedimientos de validez) (3).

1. Desde que son gobierno, los KK no han hecho nada, absolutamente nada, por la democratización del Movimiento Obrero e, incluso como buenos “fascistas” (truchos), han desoído a la Corte y a la OIT. Como en el fascismo, las organizaciones de los trabajadores (gracias a Juancho) son estatales.

De más está decir, que la burguesía argentina (que apoyó y apoya a los KK), que obviamente quiere seguir negociando como siempre con Recalde y con Moyano, no quiere tener que enfrentarse, por así decirlo, con Pitrola.

De más está observar también, la absoluta unanimidad de la forma, en que se tergiversa la realidad del asesinato de Mariano entre los medios KK, financiados por el gobierno KK (la sedicente mierda oficialista), y Klarín y La Nación (el gobierno de clase del Estado de clase -a pesar de la cacareada Ley de Medios- se alinea con los mass media de la burguesía).

2. Nadie honesto ignora que, por lo menos desde Quién mató a Rosendo, los sindikatos y sindikalistas cuentan con merkenarios y con sikkarios. Algunos son verdaderos ejércitos y mejor aun “señores de la guerra”. Desde luego, esto no es ignorado ni por la policía ni por la gendarmería ni por la Justicia, es decir, el Estado, que de este modo privatiza la represión de los “bolches”, los “zurdos”, los “bichos colorados”, etc.

3. La más repugnante por su historia es la Juventud Sindical Peronista. Muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras por la muerte de Mariano, han callado de manera cómplice acerca de su presencia en el acto de la J Perra KK y durante el acto del 17 de Octubre de Moyano y la Juventud Sindical y los KK, al que Pedraza, el hoy abominado Pedraza, mandó su tropa.

No son pocos los que experimentan, el hecho de que la Presidente de la Nación se vista con el gorro y la camiseta de la JSP, como si lo hubiese hecho con el uniforme de la Sturmabteilung.

4. No son éstos los únicos merkenarios y los únicos patoteros; por estas horas se los ha recordado con precisión. Sin embargo, no parece haberse destacado lo suficiente, que la patota que posee los más ostensibles vínculos con los KK, es la del IndeK.

5. Que los merkenarios y los patoteros y aun los sikkarios cuentan con el visto bueno de la policía ya se sabía…También la Justicia finge ignorancia…, quizá cómplice…

6. Que existe connivencia entre la patronal y la burocracia sindical, es algo sabido por cualquiera que al querer organizar una lista alternativa en el gremio, es inmediatamente “botoneado” y despedido. Sin embargo, el momento más terrorífico fue durante el Terrorismo de Estado (que comienza en Ezeiza y no con el Golpe del 76), cuando la burocracia delataba y colaboraba con “el aniquilamiento de los delincuentes subversivos”, o sea, los auténticos trabajadores.

Los KK han negociado y han co-gobernado siempre con ellos, incluido el hoy execrado Pedraza, al punto tal que Moyano, il capo di tutti capi (o si se quiere, el kapo de tutti kapi), es el Vicepresidente de Néstor Karlos Kirchner en el PJ.

7. No hubo ningún enfrentamiento. Hubo una emboscada con la complicidad de la Policía de Aníbal Fernández.

8. La frutilla del postre: Tomada ha sido el abogado de Pedraza…