Los gobiernos de Córdoba y Tucumán, encabezados por Juan Schiaretti, y José Alperovich, han impulsado en las legislaturas provinciales leyes de educación que incluyen en la currícula escolar la educación religiosa.

En el caso de Córdoba mayor gravedad ha tenido esta iniciativa, ya que las manifestaciones contrarias a la norma, encabezadas por estudiantes y docentes, han sufrido una brutal represión policial por parte del Gobierno de esa provincia, hecho que fue repudiado por organizaciones de la diversidad sexual y de derechos humanos en general en todo el país.

Estas dos leyes, aprobadas con los votos del Frente para la Victoria/PJ, el PRO, la UCR y partidos provinciales, se suman a la ya implementada por el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que fue aún más allá e instauró – desde el año 2008 – la educación religiosa de culto católico en forma obligatoria en las escuelas públicas salteñas.

Cabe señalar que la enseñanza religiosa en las escuelas supone una situación de violencia cultural ya que expone a los niños que no comparten ciertas creencias religiosas o no profesan religión alguna a una situación de diferencia y exclusión.

En contraposición a este avance de la enseñanza religiosa en Escuelas públicas, es fácil constatar un débil y casi inexistente avance en la implementación de la Ley Nº 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), que desde su aprobación y promulgación en Octubre de 2006 ha registrado escasos avances en su implementación por parte de los Ministerios de Educación provinciales, a pesar de contar con contenidos curriculares aprobados en el marco del Consejo Federal de Educación. La educación para una sexualidad libre, plena y responsable es un derecho humano e implica una responsabilidad que debe ser asumida por quienes formulan y llevan adelante las políticas públicas.

“El avance del lobby ligado a la jerarquía de la Iglesia Católica no es una novedad. Ya habían logrado que en Salta, con la venia del Gobernador Juan Manuel Urtubey, en las escuelas públicas, se dictaran clases de religión de modo obligatorio. Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires crecen año tras año las partidas presupuestarias a escuelas de gestión privada vinculadas a parroquias e iglesias, a la par que se reduce la cantidad de matriculas para que niños y jóvenes ingresen a escuelas públicas”, señaló Facundo García, Secretario de Educación de la Federación Argentina LGBT.

Por su parte, Esteban Paulón, Presidente de la FALGBT, agregó: “Resulta un contrasentido que mientras las provincias no registran avances significativos en la implementación de los contenidos consensuados de Educación Sexual Integral con perspectiva de género y diversidad sexual, en algunos casos se avance peligrosamente hacia una mirada ‘confesional’ de la educación pública. Esta mirada además de ser inconstitucional, es violatoria de los principios de laicismo e igualdad, ya que expone a las niñas y niños que posean otras creencias religiosas –o ninguna– a la condicionalidad de una sola religión”.

Al respecto, la FALGBT está elaborando, junto a legisladores nacionales de todos los bloques, un proyecto de modificación de la actual Ley Federal de Educación, a fin de reafirmar y explicitar en la letra de la norma, el carácter laico de la educación pública, con el convencimiento que la separación de la Iglesia y el Estado es un eje fundamental para avanzar en planes educativos inclusivos, forjadores de ciudadanos libres e iguales.

Agradecemos su difusión

Para más información:

Esteban Paulón, Presidente FALGBT , (0341) 15 6068171

Facundo García, Sec. de Educación y Cultura FALGBT, (011) 15 64623600

Damiàn Hoffman, Sec. Prensa y Comunicación de FALGBT, (011) 15 57625265

Diego De Jesús Arias, Sec. Prensa y Comunicación de FALGBT, (011) 15 30792010

como si los muertos por la represion del 2001 fueran asesinados otra vez…

http://www.elonce.com/secciones/nacionales/191980-la-justicia-confirmo-el-sobreseimiento-de-de-la-rua-en-la-causa-por-la-represion-del-2001.htm

asi es como se tapan el culo entre ellos!

Los Encuentros son autosostenidos y autoconvocados. Por aclamación se eligió, en el último Encuentro, a Paraná como sede del XXV Encuentro Nacional de Mujeres en 2010. Es nuestra tarea, entonces, conformar la Comisión Organizadora, garantizando la participación abierta de todas las mujeres a título individual: amas de casa, obreras industriales y rurales, estudiantes, campesinas, mujeres militantes, profesionales, de pueblos originarios, empleadas estatales, etc. Necesitamos organizar el Encuentro, para que miles de mujeres de todo el país vengan a nuestra ciudad y puedan intercambiar sus experiencias para encontrar entre todas los caminos necesarios. 

En la Comisión Organizadora no hay estructuras jerárquicas. Es un espacio sin dueños porque nos pertenece a todas. Funciona con autonomía de instancias gubernamentales, fundaciones u organizaciones políticas, recibe ayuda de todos los que acuerdan con estos Encuentros pero sin condicionamientos.

Convocamos  a todas las mujeres a conformar la Comisión Organizadora del XXV Encuentro Nacional de Mujeres, que tiene su primera reunión el jueves 3 de diciembre de 2009 a partir de las 20 horas en el Comedor Universitario, Andrés Pazos 149.

Las esperamos, ¡el Encuentro es de todas!

agrego a lo del tano, ayer salio esta nota en el diario de parana. vean el detalle de que al final cuenta todo sobre lo que paso en el superior…

che, propongo que nos basemos en todo lo que sabemos (mucho lo sintetizo diego en un boletin), y hagamos una nota al rector, la hagamos circular por correo para que sea firmada por todos los docentes y presentada en la prox reunion de superior. puedo escribir algo y lo mando, le damos una vuelta y avanzamos en la cuestion… les parece?

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POLÉMICA MILLONARIA EN LA UNIVERSIDAD PUBLICA

El año pasado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó el reparto de fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Catamarca), por unos 50 millones de pesos y ahora, por otros 36 millones más. Los montos provienen de esta empresa que es investigada por incurrir en el presunto delito de contaminación peligrosa para la salud.
Mónica Borgogno

Desde el año pasado las universidades nacionales agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) vienen aceptando la llegada de fondos millonarios y recién ahora, por haber aceptado una segunda partida, siempre de los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), en la provincia de Catamarca, empezaron a salir a la luz, algunas voces en contra.

Es que uno de los ejecutivos de este emprendimiento minero está procesado por la Justicia Federal, en una causa aún abierta, por haber incurrido en el presunto delito de contaminación peligrosa para la salud. A este argumento, se suma otro: la minera “consume 4 millones de litros de agua por hora, es decir más de 65.000 litros de agua por minuto. Según el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, la mina consume el 25 % de la energía eléctrica suministrada a la Región del NOA y el 87 % del consumo total de la provincia de Catamarca”, explicó el doctor Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.

Cabe recordar que el emprendimiento Bajo de la Alumbrera, explotado por una Unión Transitoria de Empresas entre YMAD y Minera Alumbrera. A partir de la ley N° 14.771 –publicada en el Boletín Oficial en 1959– se crean los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y específicamente en su artículo 18, se establece el destino de “las utilidades líquidas”: “El sesenta por ciento (60%) para la provincia de Catamarca. Hasta el 7 de junio de 1968, o antes si se concluyera en menos tiempo la ciudad universitaria, el porcentaje establecido se reducirá al 50 % del total general, destinándose el 10 % restante a la referida construcción emprendida por la Universidad Nacional de Tucumán. El cuarenta por ciento restante (40 %) será destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados. Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior de ese porcentaje del cuarenta por ciento (40 %), se destinará el cincuenta por ciento (50 %) a la Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50 %) restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado”.

A partir de este último punto, el año pasado llegaron las utilidades a las universidades y en mayo de 2008, con acuerdo plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se decidió la distribución de 50 millones de pesos provenientes de estas minas. Y hace apenas un mes el CIN volvió a aceptar una nueva distribución de fondos del mismo origen por unos 36,8 millones de pesos.
Al interior de algunas casas de estudios, la noticia causó revuelo. Aunque otras, prefirieron el silencio.

A CIELO ABIERTO. “La Alumbrera es un proyecto que atenta contra el medioambiente. Al aceptar estos fondos, la universidad pública está dando su consentimiento a un emprendimiento que va contra los intereses del país”, dijo hace poco Abraham Gak, profesor honorario de la UBA y coordinador del Plan Fénix.

Los derechos de explotación de este yacimiento de oro y cobre, le pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), un ente compuesto por la provincia de Catamarca, el Estado nacional y la Universidad de Tucumán —el yacimiento fue descubierto por científicos de la casa, que en 1948 lo registraron a nombre de la institución—. Para explotar la mina, YMAD conformó en 1994 una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera Ltda, formada por corporaciones extranjeras: tras sucesivas compras y ventas, hoy son Xstrata Plc, de Suiza, Goldcorp y Yamana Gold, ambas de Canadá. La actividad empezó en 1997 y constituye la mina más grande del país, una de las mayores del mundo.

Hoy, organizaciones no gubernamentales, como el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) a cargo del Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y distintos investigadores independientes han publicado y presentado documentos que respaldan las denuncias sobre sucesivas violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente efectuadas por distintas empresas mineras, pero por sobre todo por la Minera Alumbrera Ltda.

EL NO CORDOBÉS. En universidades nacionales como las del Sur y la Patagonia, hubo mociones de rechazo presentadas por profesores y estudiantes, pero resultaron minoría.

Ahora se sumó la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo Consejo Directivo acaba de decir no a esos fondos mediante Resolución N° 166/2009 accediendo así a lo solicitado por el Dr. Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva de dicha unidad académica.

Allí expresan claramente el rechazo a ese dinero procedente de la distribución de beneficios de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) acordados en el Consejo Interuniversitario Nacional y proponen al Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba que adopte igual posición.

En su informe, Montenegro –Premio Nóbel Alternativo 2004– había detallado los alcances del impacto ambiental de La Alumbrera. En efecto YMAD, había transferido 50 millones de pesos de sus beneficios a unas 40 Universidades Nacionales en 2008, en el marco de la Ley Nacional N° 14.771 y este año el monto asciende a 36,8 millones de pesos.

Por su parte, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Facultad de Trabajo Social, fue la única que el año pasado dictó una resolución en contra de este reparto millonario por el cuestionado origen de los fondos y por entender que es irrisorio, aceptar dinero de una empresa investigada por presunta contaminación, en una provincia que firmemente se opone a la pastera Botnia.

Para destacar

Independencia. “Las universidades que Uds. dirigen deben actuar en defensa del bien público y estar al servicio de los ciudadanos, y eso requiere una total independencia de los intereses privados. Las universidades deben abrir sus puertas al debate de tales temas de suma importancia, para definir el modelo de país que queremos”, cuestiona Esquivel en una carta abierta a los rectores.

Responsabilidades

En una carta dirigida al presidente del CIN, Darío Maiorana, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel pide explicaciones: “Sabemos de las necesidades financieras de las universidades nacionales, las cuales no logran cubrirse con las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso de la Nación. Sin embargo, nos parece que tanto el CIN como cada una de las universidades nacionales deberían rechazar esos fondos millonarios, por el hecho de que provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento”.

En otro apartado, despliega los conocidos argumentos: “Entre otros muchos efectos desastrosos provocados por la gran minería, cabe recordar que el uso indiscriminado del agua por Minera Alumbrera Ltd. (100 millones de litros por día) provocó la desaparición de la gran parte de las actividades agrícolas en los departamentos aledaños; la contaminación del agua y del aire aumentó de manera constante los casos de cáncer y las enfermedades respiratorias, y provocó la muerte de muchos animales (tanto ganado como animales salvajes); la libertad de expresión de los ciudadanos es cada día más violada. Se trata de una actividad que afecta de manera ampliamente negativa las condiciones de vida no sólo de las poblaciones actuales, sino también de las generaciones futuras.

Además, como lo destaca Mirta Antonelli, profesora de la Universidad de Córdoba, “hay un aspecto ético involucrado, porque se trata de fondos cuya procedencia está judicializada por contaminación, que es un delito federal. Ahora se están haciendo cómplices todas las universidades”.

El debate al interior de la UNER

En octubre de 2008, el Consejo Superior de la UNER trató la cuestión y en un acalorado debate puso a consideración la resolución, pero a la hora de votar, los integrantes del CS no levantaron su mano precisamente en contra de los fondos y en su lugar, los aceptaron con la salvedad de propiciar “un estudio sobre las posibles consecuencias ambientales que podría provocar la explotación de estos Yacimientos” La aceptación de esa moción fue por mayoría.

Lautaro Varisco Bonaparte, representante estudiantil en el Consejo Superior, fue uno de los que se abstuvo alegando que es por todos sabido que “la explotación de las minas de oro producen un daño serio”.

En el acta de aquella reunión, figuran todas las opiniones al respecto. Amparándose en la necesidad de contar con información científica y técnica, unos propusieron esperar a contar con esos datos antes de tomar una decisión; otros recordaron que muchas veces llegan aportes “del Tesoro Nacional que son ganancias de empresas y no sabemos cuáles son. Quizás son empresas que están contaminando, pero ahora como tenemos claro de dónde vienen, estamos rechazando ese subsidio”, como propuso la consejera de los administrativos, Rosa Gorelik.

Mientras que luego de una extensa intervención, el consejero docente Mauricio Fiedrich dijo que le parecía una nimiedad oponerse “a recibir unos fondos —que tampoco son tan importantes— con argumentos de tanto peso, si no discutimos también qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de papel jugamos quienes estamos desarrollando profesionales en las nuevas tecnologías. Me impactó el tenor del tema, pero me gustaría hacerlo en un foro especial, discutiendo la filosofía profunda de las herencias que debemos legar, no oponernos por oponernos”.

En ningún momento del intercambio de ideas, se aludió a la causa abierta por la Justicia Federal sobre la posible contaminación y por la cual se investiga al vicepresidente del complejo minero; así como tampoco se hizo demasiada referencia a un dilema de tipo ético antes de tomar esta decisión.

El rector atinó a comentar que un debate similar se había producido en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional y aclaró que “estos fondos no son de las minas. Se los llama así porque es la regalía que quienes explotan estas minas deben pagar a una empresa mixta conformada por el Estado Nacional donde está la Universidad Nacional de Tucumán en el directorio. Esta casa de estudios tuvo una participación importante porque fue quien descubriera estos yacimientos y los registraron como tales. Entonces, no estamos recibiendo ningún fondo de la mina sino una regalía que le corresponde al Estado Nacional y que por ley decidió distribuirla entre quienes habían sido sus descubridores y todo el sistema universitario nacional”.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, María Laura Méndez, agregó la necesidad de aceptar dada la urgencia, pero “con objeciones, que se haga público y de repetirse la situación, se revise de dónde vienen los fondos para la Universidad”.

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MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2009

Agroquímicos / Salud / Ciencia y Tecnología

El 10-03-09 el Ministerio de Salud de la Nación (MinSal) realizó la segunda reunión de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos donde se plantearon líneas de trabajo para el futuro. Entre ellas, la información sobre todos los agroquímicos en uso en el país, establecer una normatización y legislación en el tema, la capacitación y difusión para la prevención, la gestión integral de los agroquímicos, que plantea entre otras cosas, la elaboración de propuestas de aplicación y difusión (envases, depósitos, transporte). Ver en: http://www.msal.gov.ar/htm/site/noticias_plantilla.asp?Id=1370

La decisión del MinSal es importante, sin dudas, pero sería mucho más trascendente si desde el MinSal se invitara a participar activamente a organizaciones, investigadores o expertos de otros ámbitos con trayectoria en el tema. Porque si se quiere resolver el problema de toxicidad de los agroquímicos no puede quedar afuera de esta discusión ninguna institución/ organización/ investigador, que desde el conocimiento pueda aportar soluciones y/o estrategias para el futuro.

Veamos algunos ejemplos de organizaciones y/o laboratorios y/o expertos que, como decíamos, no pueden quedar afuera de la discusión.

- Una de las entidades no gubernamentales más representativas sobre el conocimiento del uso indiscriminado de agroquímicos es el Grupo de Reflexión Rural (GRR). En efecto, esa organización actúa desde mediados de la década del ´90 desarrollando campañas nacionales contra el uso de agrotóxicos con el objetivo de asegurar la salud de las personas, para el cuidado del medio ambiente, para la repoblación del campo y para asegurar la soberanía alimentaria, entre otras cosas. El GRR es todo un referente en el tema. Se lo puede conocer entrando a: http://www.grr.org.ar

- En cuanto a laboratorios y/o expertos, veamos las acciones del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina – UBA, en el tema. Esto se ve reflejado en una entrevista que le hizo el periodista Darío Aranda al Dr Andrés Carrasco, ex Presidente del CONICET y actual Director de ese Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA y del CONICET.

El motivo de la entrevista fue que en el Laboratorio dirigido por el Dr Carrasco se había demostrado que el herbicida más utilizado por la industria de la soja – hecho con base de glifosato y comercializado bajo el nombre de Roundup, de la compañía Monsanto – es tóxico y produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aun en dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura. Ese estudio realizado en embriones es el primero en su tipo y refuta la supuesta inocuidad del herbicida como manifiesta la empresa Monsanto.

Que el Director de un laboratorio perteneciente a dos organismos nacionales (UBA y CONICET) se exprese públicamente sobre el tema, no es poca cosa y, obviamente, también debería ser parte de la discusión. El artículo completo se puede ver en : http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-123111-2009-04-13.html

- Esa entrevista, comentarios ampliadas de la misma, y otros artículos relacionados a agroquímicos, también fueron difundidos por el CONICET a través de sus gacetillas internas de “Comunicación Institucional” . Ver en: http://www.conicet.gov.ar/NOTICIAS/portal/noticia.php?n=4186&t=4 – http://www.conicet.gov.ar/NOTICIAS/portal/noticia.php?n=4195&t=4 – http://www.conicet.gov.ar/NOTICIAS/portal/noticia.php?n=4179&t=4 - http://www.conicet.gov.ar/NOTICIAS/portal/noticia.php?n=4184&t=4

- Además, después de la entrevista de Darío Aranda al Dr Carrasco, salió un artículo escrito por la socióloga Norma Giarracca en donde ella reflexiona acerca de los efectos de los agroquímicos, el agronegocio y las responsabilidades. Se puede ver en: http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-123386-2009-04-17.html

- Más aún, el glifosato acaba de llegar a la Corte Suprema de Justicia en donde a través de un recurso de amparo presentado por la Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa), se solicita la veda del herbicida más usado en la industria sojera hasta que se determine su efecto sanitario.
Para ver el artículo completo: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-123304-2009-04-16.html

En síntesis, con estos pocos ejemplos se puede ver que los problemas que causan los agroquímicos tóxicos no son una cuestión menor. Si quiere ampliar la información, entre a la web y se sorprenderá de la cantidad de información sobre el tema.

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Reflexiones

Acá hay una Cuestión Central. Si los agroquímicos son tóxicos se deben tomar medidas para preservar, en principio, la salud de la población.

Pero el problema no se reduce al glifosato, sino que hay muchos más. En efecto, entre ellos están los 39 agrotóxicos peligrosos declarados con control de vigilancia por el convenio de Rötterdam. A los que se le puede agregar el 2-4 D, con el que se está fumigando en zonas de Argentina, el Paraquat, o el insecticida Endosulfán, sólo para dar algunos ejemplos.

En estos días cercanos a elecciones y en donde en el espacio político se habla tanto de institucionalidad, una forma de plasmar esas intenciones sería que los legisladores también se expresaran públicamente sobre los agroquímicos, como lo hacen cotidianamente con otros temas.

Porque sería una forma de ver las cosas claras y saber qué es lo predominante en el pensamiento de nuestros dirigentes: si la salud de toda la población y la soberanía alimentaria, entre otras cosas, o los negocios.

Porque los graves problemas de salud que causan los agrotóxicos no terminan con los efectos transitorios de una fumigación sino que, además, se contaminan el aire, el agua y la tierra. Entonces, reiteramos, la incorporación de organizaciones, laboratorios y profesionales a esa Comisión formada por el Ministerio de Salud sería fundamental para darle mayor institucionalidad a un tema que, sin dudas, lo merece y va para largo.

Porque la contaminación por agroquímicos debería ser tratada en el marco de una Política de Estado.

SÍ; como una Política de Estado. Porque tiene entidad suficiente para serlo, porque nos afecta a todos, porque hay consenso social amplio para que se solucione el problema de los agroquímicos tóxicos, porque hay aspectos éticos relacionados con los efectos que produce la fumigación en la salud de las poblaciones rurales que debe resolverse ya, porque es necesario volcar el conocimiento desde distintas áreas para resolver problemas interdisciplinarios, y porque son políticas que se deben implementar cualquiera sea el signo político de un Gobierno, entre otras razones.

Y para eso deberíamos tener formadas Comisiones Permanentes de Expertos con la finalidad de que ahí se discutan y generen las políticas estratégicas y así poder resolver las problemáticas sociales y/o económicas. Además, esas Comisiones garantizarían la participación, el control social y la continuidad de esos proyectos a través del tiempo, hecho que habitualmente no sucede. No puede quedar todo remitido a la formación de Comités de Crisis, o como se llamen, porque esas son políticas defensivas y, en la medida de lo posible, hay que anticiparse a los hechos.

Y esas Comisiones Permanentes no sólo deberían formarse para Agroquímicos, sino en distintas áreas estratégicas que necesitan del conocimiento, como la Producción Pública de Medicamentos, de Vacunas, el mal de Chagas, las Viviendas Económicas, la Educación, las Aguas para Consumo, la Racionalización de la Pesca, el Saneamiento de Cuencas Fluviales, la Desertificación de Suelos, etc, etc, etc.

De otra forma, y de no haber participación activa de otros actores por fuera de las esferas gubernamentales, hechos tan simples como un cambio de autoridades puede dejar todo esto en el marco de las buenas intenciones y con el peligro de que se desvanezcan en el tiempo, como ha sucedido.

Porque ya hemos visto que cambios en un Gobierno determinan que hay que empezar todo de nuevo, como si todo lo hecho con anterioridad fuera inútil. En otras palabras, si la sociedad en general y la comunidad CyT en particular no se involucran en estos menesteres, siempre vamos a estar en el diagnóstico, o describiendo problemas, pero no solucionándolos.

Sería ideal que toda la comunidad, y en particular la CyT, se planteara este tipo de interrogantes y actuara en consecuencia. Porque ahí está el conocimiento y los instrumentos y, en ese marco, debería manifestarse la responsabilidad social de sus integrantes.

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Extensión con ministro Barañao

La semana próxima tendremos la reunión con el ministro de CyT, Dr Lino Barañao, con el objetivo de solicitar financiación a proyectos de Extensión Universitaria, entre otras cosas (ver gacetilla del 06-04-09).

Si bien nosotros promovemos la Extensión como una forma de transferir conocimiento a Sociedad, no conocemos el tema en sus detalles. Por eso, y como lo hacemos habitualmente, solicitamos el apoyo de expertos de distintas Facultades/ Universidades directamente involucrados con la Extensión, quienes nos acompañarán a la reunión con la finalidad de plantear las necesidades concretas y, de esa manera, darle contenidos más precisos a la reunión.

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Fe de Errata

Desde el área de Prensa e Imagen Institucional del Consejo Interuniversitario Nacional nos señalaron que en la gacetilla difundida entre el 14 y el 16 de abril de 2009 bajo la denominación “Rector Maiorana y Extensión…”, habíamos incurrido en dos errores y nos solicitaron su corrección. Reconocimos los errores y acordamos salvarlos a través de esta Fe de Errata.

-Uno de esos errores era que la sigla que designa al Consejo Interuniversitario Nacional es CIN y no CIUN, como nosotros pusimos.

-El otro, que el rector Darío Maiorana es Licenciado y Profesor y no Doctor como nosotros mencionamos.

Hecha la aclaración, pedimos las disculpas del caso.

por supuesto, esto refuerza la autonomia, sin dudas. que tipo respetuoso este asueta. habra tenido algo que ver gerard?

un abrazo

Rector Cr. Eduardo Asueta

Agradecemos dar amplia difusión entre sus contactos.

Saludos cordiales,

PRENSA NACIONAL

semana protesta y paro 72hs

en primer lugar creo que, como las fichas de afiliacion todavia no estan presentadas (ni aceptadas) todavia pertenecemos a agdu. en segundo, creo que los motivos del paro son justos (aumento salarial, movilidad de las jubilaciones). por lo tanto, creo que habria que
adherir al paro. pero creo tambien que seria importante poder hacer algo, es decir, decirle NO al paro dominguero. los estudiantes proponen una clase publica el miercoles a la mañana, capaz que podriamos hacer eso, y el jueves juntarnos para discutir otras cosas. creo que la propuesta de hacer algo hacia afuera es necesaria, especialmente frente a los dichos del rector, que parece estar en otra universidad!

bueno, hasta ahi. de todas maneras, creo que tendriamos que darle una vuelta por este medio y ver que/como hacemos

un abrazo

un abrazo

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Agradecemos sinceramente la difusión y los esperamos:

Desde la Agrupación Docente Ana Sosa – CCC (en AGMER) te hacermos una invitación:

Si tiene búsqueda, tiene ilusión
Tiene armas de renovación
(Cristian Schnack – De bohemio a revolucionario)

Viernes 3 de abril – 21 hs. – AGMER Seccional Paraná (Laprida 136) – Colaboración: $5. ((Habrá más números artísticos y cantina con
empanadas, vino y gaseosa.))

Este viernes 3 de abril, a días de un nuevo aniversario del fusilamiento aún impune de nuestro compañero Carlos Fuentealba, los
docentes entrerrianos lo recordaremos en las calles, con la rabia y la música en la voz.

En este marco, para cerrar un día de lucha, marcha y calle, les proponemos juntarnos a compartir la música y la poesía de Cristian Schnack, este trovador santafecino de nacimiento y fueguino de Usuahia por libre elección.

Las canciones de Cristian hablan de nuestras vidas y de nuestras historias. Sus letras nos mueven a la reflexión, nos incomodan y nos
dejan la ilusión de la búsqueda. Este cantor ha escuchado y vivido la música de Latinoamérica y la recrea en nuevas canciones que se arraigan en nuestro aquí y ahora.

Cristian Schnack, cantor, compositor, docente y luchador. Es un orgullo tenerlo como compañero.

Agrupación Docente Ana Sosa (Corriente Clasista y Combativa)
anasosacccentrerios@yahoo.com.ar

http://anasosa.blogspot.com

un abrazo

la jesU

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Por un Plan de Lucha Nacional de los Docentes Universitarios por aumento salarial, estabilidad laboral, jubilaciones móviles y por aumento presupuestario

Asistimos a una profunda crisis económica mundial, tal vez la más grave de la historia del capitalismo. Economistas, como el Premio Nobel Paul Krugman, vienen alertando sobre la duración y profundidad de la misma, y sobre la necesidad de reconocer “la realidad de que bien podríamos estar cayendo en un abismo económico, y, si sucede, será muy difícil volver atrás” (Krugman, P. “Al borde del precipicio”, en Los Andes, 15/02/09).

El gobierno nacional, los provinciales, y los grandes grupos económicos pasaron de ignorarla, argumentando el “desacople” de nuestra economía, a usarla ahora como excusa. Recientemente la Presidenta de la Nación se refirió en un mismo discurso al “vendaval de la crisis” y a la existencia de “pobreza estructural en la Argentina”. Utilizó la pobreza de Tartagal y los anuncios de auxilio económicos a los desvastados pobladores para pedir que los trabajadores no reclamemos aumentos de salarios (Ver diarios del 13 de febrero de 2009).

La Presidenta seguramente no recordaba el convenio por 40,7 millones de pesos destinados al “control de erosión y estabilización del cauce del río Tartagal, la construcción de defensas contra la erosión hídrica en Mosconi y Vespucio,….la relocalización de viviendas e infraestructura en Tartagal”, firmado por los ex Néstor Kirchner y Juan Carlos Romero, en el 2006 luego de las inundaciones de ese año (La Nación, 7/04/06). ¿Y las obras? ¿Y la plata?

Tal vez, el demorado “descubrimiento de la pobreza” realizado por la primera mandataria se deba al exceso de celo puesto en su tarea por eficiente funcionario Guillermo Moreno. Como señala Claudio Lozano, “el Gobierno, vía manipulación del INDEC, subestima la problemática social ocultando 3,5 millones de pobres y 2,5 millones de indigentes” (Perfil, 21/02/09).

Las anécdotas sirven para ilustrar el debate actual. ¿Debemos renunciar a nuestra lucha salarial en nombre de los pobres estructurales? ¿Aceptamos el presupuesto universitario actual para no afectar las obras de infraestructura? ¿Somos nosotros, los docentes universitarios, los portadores de la “avaricia” que “hace hervir la sangre” de la Presidenta al contrastarla con la pobreza?

¿No será hora de mirar a los causantes del desastre en Tartagal? ¿No habrá que investigar los desmontes forestales para plantar soja y la actividad de Repsol en la zona? (Critica, 15/02/09). ¿No es hora de reflexionar sobre los efectos de demorar 14 meses la reglamentación de la Ley de Bosques y de vetar la Ley de Glaciares? ¿No será la hora de quitar el IVA a los productos de la canasta familiar y de gravar la renta financiera? ¿No habría que escarbar en la fortuna acumulada en muy pocos años por ciertos empresarios exitosos? ¿Para redistribuir la riqueza no debería hacerse la reforma impositiva?

Por lo dicho, y frente a la crisis, la gran pulseada es ¿quién la va a pagar?

El gobierno y los grandes grupos económicos plantean descargarla sobre los trabajadores y el pueblo. Los empresarios gritan a coro que no es momento para discutir salarios y que la prioridad debe ser el mantenimiento de los puestos de trabajo. Con este argumento, en realidad, se preparan para la rebaja de salarios y los despidos.

Comparan la crisis con un desastre natural y plantean que todos tenemos que ajustarnos el cinturón. Esto es falso, la crisis tiene causas políticas, sociales e históricas. Tiene responsables, que no son los trabajadores y el pueblo; por lo tanto deben ser quienes se han enriquecido y acumulado ganancias extraordinarias en estos últimos años los que paguen sus efectos.

La salida de la crisis pasa en uno de sus aspectos centrales por fortalecer y desarrollar el mercado interno. El instrumento inmediato para mantener y reactivar la producción es el aumento del poder adquisitivo de los asalariados. La lucha por aumento salarial y la estabilidad laboral no solo es por la defensa de nuestros derechos, sino que es el camino principal para enfrentar la crisis y lograr una salida de la misma a favor del pueblo y de la nación.

Los dirigentes sindicales traidores plantean canjear salarios por estabilidad, o aceptar suspensiones temporarias. Otros, conciliadores, simulan pedir un porcentaje y preparan arreglos por unos pocos pesos, mientras niegan que exista desempleo.

El propósito oficial explícito es dilatar la discusión salarial e imponer un techo lo más bajo posible, en torno al 10 % de incremento. La inflación proyectada por los economistas más conservadores se sitúa encima del 20 % para el 2009. En nuestro caso, para los docentes universitarios y empleados estatales, lo inmediato de la política del gobierno pasa por licuar los salarios vía inflación, negando aumentos salariales (o achicándolos al máximo) y aplicando un fenomenal ajuste presupuestario.

La paritaria de CTERA está funcionando como testigo para el conjunto de los estatales. El Gobierno ha ofrecido $200. La conducción nacional
de CTERA muestra una conducta cuanto menos vacilante, mientras una docena de provincias están resolviendo no iniciar las clases.

Es decir que este es el momento de la lucha salarial y de la defensa de la estabilidad laboral.

Una de las claves es la articulación de las luchas de los docentes de los distintos niveles y jurisdicciones, con los estatales en su conjunto. Debemos reclamar a CTERA y ATE que contribuyan a coordinar las luchas. Y exigir a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que abandone las componendas furtivas con el Gobierno Nacional y pase a unificar y encabezar las luchas dispersas en un verdadero Plan Nacional.

Otra clave es el debate profundo y democrático de todos los docentes universitarios, curso por curso, Facultad por Facultad, escuela por escuela, para encarar un plan de lucha nacional masivo y contundente. Nuestra federación CONADU HISTORICA tiene una gran responsabilidad porque puede convertirse en el eje vertebrador de este plan de lucha, uniendo a los docentes y asociaciones de base que aun no perteneciendo a la Conadu Histórica están dispuestas a luchar