Sobre la nueva ley de medios

Estimado ‘periodista’ y ‘comunicólogo social’, tomo sus palabras y con las que coincido y le pido por favor: HAY QUE LEER LA LEY. Sigo convencido que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Le voy a transcribir el artículo 132 de la ley de medios K, aprobada en violación de las normas vigentes y de la propia constitución nacional (incluidos sobornos varios):

Art. 131: Integración. La dirección y administración de Radio y Televisión Argentina Soc. del Estado estará a cargo de un Directorio integrado por siete miembros.
(…)
Art. 132: Designación. Mandato. Remoción. El Directorio será conformado por:
- Un Presidente designado por el Poder Ejecutivo nacional.
- Un Director designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
- Tres Directores a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, y que serán seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos correspondientes uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercer minoría parlamentaria.
- Dos a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales.

De la lectura de esos artículos se deduce que el partido gobernante tiene asegurada la mayoría en el control del Directorio, como mínimo cuatro de los siete miembros (dos vía ejecutivo, uno vía legislativo, y uno o dos vía consejo federal, por mayoría de los gobiernos provinciales).

En segundo lugar, ese directorio con la mayoría del kirchnerismo tiene como atribuciones, entre otras tantas, según el artículo 134, de designar y remover al personal de Radio y Televisión Argentina; y de aprobar programaciones, contratos de producción, etc. Es decir, continúa sin cambios la arbitraria, autoritaria y repudiable política de cercenar los derechos humanos a la libertad de pensamiento y de expresión en las radios de propiedad de toda la sociedad que se manejan como si fueran de propiedad privada del matrimonio gobernante.

Finalmente, decir que es muy hábil aunque también cuestionable la actitud del periodista que se ocupó de citar sólo algunos artículos, pero se olvidó de transcribir el principal. Menos mal que siguiendo su consejo leí la ley, para explicarle por qué afirmo lo que afirmo. Sugiero que el amigo predique con el ejemplo y no mire la realidad con el ojo tuerto. Una verdad a medias cuando oculta intencionalmente una parte, es una mentira completa.

En verdad, creo que sería muy provechoso hacer un debate con la ley en mano para sacar cualquier tipo de dudas. Ni Clarín ni los K (que fueron aliados y beneficiaron al principal grupo multimedios de la Argentina). Por una comunicación al servicio de la sociedad y los sectores populares.

Pareciera que esta de moda pegarle al kirchnerismo, casi por cualquier cosa, pero de ahí a negar una participación en la administración de las instituciones del Estado aparece de como una ingenuidad total, rayana con el autoritarismo que se proclama combatir cuando se alzan críticas al gobierno nacional. Lo paradójico de la situación es que cuando se realizan objeciones tan inconsistentes, se lanzan denuncias graves sin ningún tipo de datos que las sostenga, se emiten deducciones imaginarias o supuestas, los reparos con fundamentos se banalizan de un modo tal que empobrecen el debate, y no ayudan a un análisis que pueda aspirar a discernir la especificidad y complejidad del escenario.

Sin abundar los comentarios que en este Foro se han deslizado, por cierto discriminatorios, por no decir poco felices en su ejemplo de cómo cada grupo ve la realidad desde su punto de vista, este espacio, en constante configuración, se ha venido presentado amplio, sin necesidad de los señalamientos respecto a qué hace cada uno para poder intervenir. Porque en rigor, así como las verdades se construyen socialmente -y no hay “una” por descubrir-, los “ciudadanos universitarios”, “docentes”, “estudiantes” podríamos acordar, que estamos registrados en este Foro, las vamos delineando en nuestras prácticas y discurso, que no sólo definen una perspectiva, sino hasta marcan nuestra posición de clase. En tal caso, estas posiciones respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en cierto punto delinean los lugares que se pretenden disputar en la escena social, pero en ningún caso pueden obviar la lucha que se ha librado para sostenerlos; espacios que por cierto no estaban en la ley de la dictadura. Y por citar un par de ejemplo, ¿Qué parte de los 38 representantes del Consejo Federal de Comunicación no se entiende? ¿Qué de algunos de los 7 miembros de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado no se comprende se integrarán a propuesta del Consejo Federal?

No alcanza con sólo leer la ley, es cierto, si no que tampoco hay que hacerle decir cosas al texto que la ley no dice. No basta tampoco porque también puede ser mero formalismo, letra muerta, si no se libra la disputa política incluso hasta contra posturas que, en definitiva, atentan contra los espacios que se han logrado conseguir.

Estimadas y estimados, en las oportunidades en que he intervenido en este valioso foro, ha sido a partir de una caracterización de la realidad nacional e internacional que tiene como fundamento esencial considerar a la sociedad desde una lectura comprometida con los sectores populares y con los pueblos oprimidos.

Desde ese lugar, y mirando desde la economía política, considero como una obligación personal denunciar las injusticias que provoca este sistema social tan inhumano y depredador, que por su lógica de funcionamiento y por el rol que juegan los sectores dominantes que se conforman en cada realidad histórica y geográfica, sólo ofrece horrores para las amplias mayorías de la población.

En ese escenario, la Argentina presenta un panorama angustiante a pesar de tener posibilidades, recursos y riquezas como muy pocos en el planeta. El octavo en el mundo por su superficie, con las tierras más fértiles, los más ricos y variados climas, recursos alimenticios, energéticos, ictícolas, minerales, forestales. Con una población de apenas 40 millones sobre un total de casi 6.700, y siendo uno de los principales productores per capita de alimentos en el mundo, no podemos siquiera dar de comer a nuestra gente. Un tercio de la población argentina (como mínimo, aunque seguramente es mucho más) viviendo en condiciones de pobreza, el 80 % de los jubilados subsistiendo con el haber mínimo que no le alcanza a cubrir ni la mitad de la canasta básica, con casi el 50% de los menores de hasta dos años con insuficiencia de alimentación (y por ende condenados a sufrir daños cerebrales irreversibles para el resto de su vida), y con muchos otros problemas, no es el resultado de la casualidad ni del fatalismo histórico. Es la consecuencia lógica de los efectos del proyecto dominante en la Argentina, promovido por los sectores más concentrados del poder, con la colaboración cómplice de la mayoría de los partidos políticos que nos han gobernado.

Este proyecto de concentración, saqueo y genocidio, que vienen impulsando desde mediados de los años 70 del siglo XX, tuvo un inicio trágico con decenas de miles de desaparecidos desde 1975, pero en especial con la última dictadura militar entre los años 1976 y 1983. Pero llevamos más de un cuarto de siglo de democracia, y la muerte anual de argentinos, a raíz de este proyecto y por causas evitables, supera el promedio de los 20 mil compatriotas por año. Todo ello a pesar de nuestras riquezas y nuestras potencialidades, y aún en el marco de una economía que creció desde el año 2003 a tasas anuales acumulativas de entre el 8 y el 9 % anual, como nunca antes en nuestra historia como Nación.

Entonces, los responsables principales de esta masacre no pueden permanecer ocultos, y los cómplices en la aplicación de esta política no pueden ocultarse tampoco. Es acá donde viene el lamento de algunos kirchneristas, que se quejan por las críticas realizadas a un gobierno que mantiene la continuidad esencial de este proyecto, que en algunos aspectos es más regresivo que los gobiernos anteriores (lo cual ya es mucho decir).

Entonces acá no se trata de ponerse la camiseta de un partido, ignorando la terrible realidad que viven día a día millones de argentinos, o de ofenderse porque se señale las graves consecuencias de gobernar para unos pocos en perjuicio de las mayorías. O de plantear que cuando se critican las políticas de entrega y sumisión con los grandes grupos económicos o con la usura financiera, se hace deporte anti-K y se ejerce autoritarismo.

Todo lo contrario, autoritarismo es pretender que todos apoyemos a un partido en el gobierno sin criticar, aún en el supuesto que estuviera haciendo las cosas bien. A menos que se entienda a la libertad de expresión como la entiende hoy el matrimonio gobernante, donde sólo pueden expresarse con libertad los que defiendan a rajatabla la política oficial (rara forma de entender la libertad).

Pero si además tenemos en cuenta que este gobierno gobierna para los más poderosos, y que por cumplir esa función se vienen enriquecen en forma ilícita o dudosa algunos que prestan esos ‘patrióticos servicios’, no sólo no es criticable sino que es deseable que se denuncie a los que cometen estos actos criminales con la sociedad, aunque se vistan con cualquier camiseta e intenten disfrazarse de nac&pop
o de progres.

Con esto quiero decir que no está en juego una fracción interna de un partido político, sino la realidad de toda una sociedad, su duro presente y su preocupante futuro.

Pasando ahora a la cuestión específica de la ley de medios K, reitero cada una de las afirmaciones realizadas, que tienen en cada caso sobrados fundamentos (como siempre los he acompañado cuando opino), apoyando mis argumentos no sólo en el texto de la ley (como lo he demostrado) sino también apoyándome en los datos de la realidad, de la estructura social, de la lógica del sistema y de la naturaleza de las políticas que se aplican.

La realidad de concentración y control hegemónico de la mayoría de los medios de comunicación en la Argentina, no es sólo responsabilidad de la última dictadura. La norma que impuso la propia dictadura fue agravada al extremo por algunos gobiernos democráticos, en especial desde los años 90 con el justicialismo menemista, y por los que los sucedieron, en especial por Duhalde y Kirchner. Ellos permitieron lo que prohibía la dictadura (tener más de cuatro medios en un mismo propietario, prohibir la existencia de propietarios de dos medios diferentes, etc), y con leyes especiales (y con decretos de necesidad y urgencia a veces) les otorgaron a Clarín y otros grandes multimedios privilegios económicos y monopolios comunicacionales, en perjuicio de toda la sociedad. En especial, el grupo más poderoso de la Argentina, Clarín, fue socio del matrimonio K hasta el año 2008, con beneficios mutuos que se brindaron oportunamente.

Sucede que desde entonces, por la ruptura producida entre estos dos poderosos actores multimediáticos (que representan a poderosos intereses políticos y económicos) pretenden hacer jugar a su favor a los diferentes sectores de la sociedad, argumentando en ambos casos su supuesto fervor democrático y a favor de los derechos humanos. Ni uno ni otro respeta los derechos humanos (ni ahora ni cuando fueron socios), ni a ninguno de los dos les preocupa los derechos comunicacionales a la libre expresión y a la información, que son derechos esenciales para el ejercicio del resto de los derechos humanos.

Por esa razón es que entiendo que no sólo es un derecho de cualquier argentino opinar sobre esto, sino que es una obligación denunciar a quienes quieren confundirnos y buscan imponer la dicotomía de Clarín vs gobierno, para ocultar todo lo demás.

Reitero que a quien le interese el tema, además de leer el texto y seguir debatiendo por esta vía, la invitación a debatir en encuentros presenciales esta problemática tan importante para la construcción de una sociedad diferente, con verdaderas libertades para opinar, informarse y expresarte sin censura y con pleno apoyo estatal para todos los sectores populares.