Written by | Investigan evasión impositiva de Minera Alumbrera e YMAD |  |
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| LUNES 12 DE ABRIL DE 2010 |
El fiscal federal Emilio Ferrer decidió impulsar una nueva investigación contra la UTE Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD)-Minera Alumbrera por la presunta violación del Código Penal Tributario que puede implicar una millonaria evasión al fisco. La Justicia Federal quiere que la UNT informe sobre los fondos recibidos. El rector pide que Campero y Marigliano rindan cuentas. Fuente: Diario 24 y Tucumán a las 7 09/04/2010. La causa caratulada como “Minera Alumbrera – YMAD sobre supuesta infracción a la Ley 24769, expediente 400124/2010″, fue iniciada en febrero pasado por la Fiscalía Federal pero recién este viernes comenzaron a llegar los requerimientos a diferentes reparticiones públicas. Así, ingresó por mesa de entradas a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) una solicitud de información sobre el dinero recibido y girado por el Consejo Interuniversitario Nacional en concepto de utilidades de YMAD de acuerdo a la ley 14771. En este sentido, Ferrer giró más de veinte oficios a diferentes organismos públicos de todo el país. “Se solicitó información pertinente para esta investigación a la Auditoria General de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Congreso de la Nación, todas las universidades nacionales que reciben parte de las utilidades obtenidas de YMAD y por supuesto también a la UNT”, aseguró una fuente judicial a eldiario24.com. A raíz de la requisitoria, el rector de la UNT Juan Cerisola instruyó por escrito a a los representantes de la Universidad en YMAD, Mario Marigliano y Rodolfo Martín Campero para que brinden toda la información pertinente y contar así con todos los elementos que posibiliten una pronta respuesta al requerimiento judicial, y a la vez permitan a las autoridades universitarias acceder a datos imprescindibles sobre el desenvolvimiento de una empresa en la que tiene participación la UNT”. Los facsímiles del oficio judicial y de la nota del rector, acompañan esta nota. Las mismas fuentes judiciales revelarón que el responsable del área financiera de la UNT y presidente de la Unión Argentina de Rugby, Luis Castillo, será conminado a que eleve su informe técnico a la Justicia. “La UNT será la primera en ponerse a disposición de la Justicia. Cada peso evadido es menos dinero que ingresó a la Universidad para su crecimiento. El destino de los fondos y de los planos de construcción de la llamada Ciudad Universitaria ya fueron puestos a consideración por el Consejo Superior”, dijo un asesor técnico de la UNT. Campero y Marigliano, en apuros Los ex rectores Rodolfo Campero y Mario Marigliano son los responsables, junto a los representantes de Catamarca y la Nación, de la exploración, explotación y comercialización de los minerales que se extraen en Bajo la Alumbrera y Farallón Negro, propiedad de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que administra las regalías mineras producidas por el legado de Abel Peirano a la Universidad Nacional de Tucumán. Campero cumple dos funciones dentro del esquema minero: es director de YMAD desde mayo de 2004 y ejecutivo de la UTE YMAD-Minera Alumbrera desde marzo de 2005. En tanto que Marigliano fue nombrado como director de YMAD por el Consejo Superior en la sesión del 13 de junio de 2006, apenas dejó el mando de la casa de Juan B. Terán. Los administradores de la UNT fueron severamente cuestionados por su desempeño en YMAD durante la sesión del Consejo Superior de la UNT del 22 de septiembre de 2009. Allí Campero y Marigliano brindaron un informe sobre contaminación que no dejó conformes a organizaciones ambientalistas y a la propia comunidad universitaria. Las mismas fuentes judiciales confiaron a eldiario24.com que desde que trascendió que las investigaciones pueden poner en apuros a Campero y Marigliano se ha notado un tránsito intenso por los pasillos del edificio de Las Piedras al 400 de algunos socios políticos de los ex rectores vinculados a la Unión Cívica Radical. La causa contra minera Alumbrera quedó a cargo del fiscal federal, Emilio Ferrer, quien deberá realizar las consultas necesarias con respecto a las responsabilidades de YMAD en la supuesta violación de leyes tributarias. Precisamente, la Ley 24.769 del Régimen Penal Tributario, especifica cuáles serían los causales de evasión, según lo que corresponde. El texto aclara, en su artículo primero, que una evasión simple es cuando: “por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, siempre que el monto evadido excediere la suma de cien mil pesos ($100.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aún cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año”. En este caso, la pena será de dos a seis años. Sin embargo, la presunta evasión de YMAD puede superar los montos estipulados como lo establece el artículo segundo de la misma norma: “la pena será de tres años y seis meses a nueve años de prisión”. El fiscal Ferrer a cargo de la investigación Precisamente, la Ley 24.769 del Régimen Penal Tributario, especifica cuáles serían los causales de evasión, según lo que corresponde. El texto aclara, en su artículo primero, que una evasión simple es cuando: “por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, siempre que el monto evadido excediere la suma de cien mil pesos ($100.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aún cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año”. En este caso, la pena será de dos a seis años. Sin embargo, la presunta evasión de YMAD superaría los montos estipulados como lo establece el artículo segundo de la misma norma: “la pena será de tres años y seis meses a nueve años de prisión”. Noelia Gipler |
INVESTIGAN A LA MINERA LA ALUMBRERA POR LAVADO DE DINERO
La figura legal alcanzaría a universidades (Fuente: http://www.diariojunio.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=38908)
Un fiscal podría acusar a minera La Alumbrera por el delito de “lavado de dinero” La minera La Alumbrera y las universidades que hagan uso del dinero producido por ella podrían ser acusadas de “lavado de dinero”. Así lo indicó un fiscal federal, quien señaló que esa figura legal podría aplicarse si se comprueba que la extracción de cobre que realiza la empresa en Catamarca genera contaminación ambiental. Una parte de las ganancias de la minera, se distribuye entre las universidades nacionales, según la ley 14.771, que contó con el visto bueno del Consejo Interuniversitario Nacional en mayo del 2008. Eso permitió distribuir unos $50 millones entre las casas de altos estudios.
Click sobre la imagen para Ampliar La Alumbrera está en Andalgalá, Catamarca y en sus yacimientos de cobre y oro se utiliza cuatro millones de litros de agua-
La Alumbrera está en Andalgalá, Catamarca y en sus yacimientos de cobre y oro se utiliza cuatro millones de litros de agua- La explicación jurídica es que si se prueba el daño se trataría de un dinero que tendrá “origen espúreo”.
Según el fiscal general de la justicia federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, la minera La Alumbrera Ltd. –integrada por Xstrata Copper, Goldcorp y Yamana Gold– “reconoce el impacto ambiental” que genera en la zona de influencia y dijo que “la prueba esencial que se ha presentado en el Ministerio Público Fiscal, que posibilitó el procesamiento de Julián Rooney (vicepresidente de Asuntos Públicos de la suiza Xstrata Cooper), tuvo que ver justamente con utilizar los informes de impacto ambiental que la misma empresa presenta y los informes de la Secretaría de Minería de la Nación”.
“Esos índices se comparan con la ley 24.051, que es la que establece los delitos ambientales y se concluye finalmente en que están por encima de esos índices, y por lo tanto esta configurado el ilícito que prevén los articulo 156 y siguientes. El estar probado que se está contaminando el ambiente por encima de un monto que lo configura como un delito, hace que el dinero que se gane y que se reparte con todas las universidades del país, tenga un origen espúreo”, analizó el fiscal durante una entrevista concedida a la agencia de noticias Copenoa, que tiene base en Salta.
En su novedosa mirada, el fiscal general advirtió que si se logra alguna condena por contaminación ambiental contra La Alumbrera, “todo ese dinero será de origen espúreo y cualquier distracción del ese dinero, de hacer circular ese dinero, puede ser considerado como lavado de dinero”.
La definición no es menor. Una parte de las ganancias de la minera, ubicada en Catamarca y una de las mayores exportadoras del país, se distribuye entre las universidades nacionales, según la ley 14.771, que contó con el visto bueno del Consejo Interuniversitario Nacional en mayo del 2008. Eso permitió distribuir unos $50 millones entre las casas de altos estudios.
Pero esos fondos fueron rechazados por las universidades Nacional de Río Cuarto (UNRC), Nacional de Luján (UNLu) y Nacional de Córdoba (UNC). Además, más de veinte facultades se negaron a aceptar ese dinero, que oscilaba entre 900.000 y 3.500.000 pesos.
En junio del 2009, un mes después de la decisión del CIN, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel envió una carta al titular de ese cuerpo, Darío Pascual Maiorana, donde le pidió que a pesar de conocer “las necesidades financieras” de las universidades nacionales era necesario “rechazar esos fondos millonarios, por el hecho de que provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al megaemprendimiento”, publica BAE.